La Asamblea Nacional francesa aprueba Ley Antiterrorista que cancelará el estado de emergencia

La Asamblea Nacional francesa ha aprobado una nueva Ley Antiterrorista que permitirá cancelar el estado de emergencia, vigente desde noviembre de 2015. En bastantes aspectos, la ley perpetúa dicho estado de emergencia. La policía podrá efectuar registros sin la supervisión de un juez instructor, existirán amplias zonas (especialmente cerca de las fronteras) donde se podrá exigir la identificación de los ciudadanos y el Gobierno podrá limitar los movimientos de personas consideradas sospechosas.

La amplia mayoría de En Marcha, el partido presidencial, con el respaldo de varios diputados socialistas, aplastó las protestas de la derecha, que consideró la ley insuficiente, y de la izquierda, que la consideró liberticida. Por 415 votos contra 127, con 19 abstenciones, la nueva ley fue enviada al Senado, donde quizá se apliquen algunos retoques menores. La aprobación definitiva debería efectuarse hacia mediados de mes, por lo que en noviembre no se renovará el estado de emergencia. Pocas cosas cambiarán: los soldados seguirán patrullando y la policía mantendrá un amplio margen de actuación extrajudicial.

El último debate y la votación se realizaron bajo el impacto del atentado de Marsella el sábado, de la matanza de Las Vegas y de un ataque frustrado en París el sábado, con el explosivo ya colocado. De ese ataque impedido a última hora se tuvo noticia ayer. Alguien colocó varias bombonas de butano, rociadas de combustible y conectadas a un detonador a distancia, en un tranquilo edificio del distrito 16 de París. Un vecino las descubrió por casualidad. La policía sospecha que se quiso atentar contra ese edificio por una confusión: en él trabaja un abogado con el mismo nombre que el presidente de una asociación opuesta al islamismo y radicada en otra calle. Cinco personas han sido detenidas, una de ellas fichada por la policía como presunto yihadista.

Arresto domiciliario y límite de movimientos

Bajo el estado de emergencia, el gobierno y sus representantes locales, los prefectos, pueden imponer un arresto domiciliario o limitar los movimientos de un ciudadano. Con la nueva ley podrán prohibir que alguien salga de su municipio o su provincia, pero ya no les será posible ordenar el arresto. El estado de emergencia ha permitido encerrar en su casa a personas sin relación con el terrorismo, con el fin de impedir que protagonizaran incidentes en manifestaciones. La nueva ley establece que la limitación de movimientos por orden administrativa sólo podrá imponerse en situaciones relacionadas con el terrorismo, y ya no para garantizar el orden público.

Seguirá también vigente la potestad policial de realizar registros domiciliarios sin orden judicial, aunque no entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Los registros deberán comunicarse a un juez de libertades. Esa comunicación no implica un auténtico control judicial, porque el juez de libertades, a diferencia del instructor, ignora el caso concreto y se limita a avalar. El Sindicato de la Magistratura considera que se utilizará al juez de libertades, cuya misión consiste en velar contra los abusos de la detención preventiva, “como una simple coartada”.

Cierre de lugares de culto

Gobierno y prefectos podrán cerrar lugares de culto (entiéndase mezquitas) en los que, según la policía, se expongan ideas o se lancen mensajes contrarios a la convivencia, igual que hasta ahora con el estado de emergencia. Una novedad, que la izquierda de Francia Insumisa considera tan relacionada con la lucha anti terrorista como con la lucha contra la inmigración clandestina, es la creación de zonas en las que los ciudadanos estarán obligados a identificarse a petición policial. Esas zonas estarán junto a las fronteras y ampliarán, de hecho, en una veintena de kilómetros el territorio fronterizo.

El proyecto inicial del Gobierno era bastante más duro, ya que no contemplaba controles judiciales ni supervisión parlamentaria. Aún así, ni Los Republicanos ni el Frente Nacional lo aceptaron. La derecha y la ultraderecha se oponen al levantamiento del estado de emergencia y, además, propugnan “la expulsión automática de Francia de las personas incluidas en el fichero S”, un listado de musulmanes sospechosos de radicalización. Pero el hecho es que sólo 15 de cada 100 personas que figuran en el fichero S, de contenido secreto, son extranjeras. La gran mayoría son franceses de nacimiento.

El ministro del Interior, Gérard Collomb, declaró ante la Asamblea que Francia no podía “vivir indefinidamente bajo un estado de excepción” que, añadió, ya ha durado más que el establecido por Charles de Gaulle durante la guerra de Argelia.

Por: Vicky C.

 

octubre 3, 2017

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