En un juicio simbólico en Bogotá, Colombia, contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por corrupción y lavado de dinero el jueves, la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, presentó sus acusaciones contra el gobernante.
“En nombre del estado venezolano acuso a Nicolás Maduro, y lo acuso…y Nicolás Maduro es presidente de facto de Venezuela. Y lo acuso por estar incurso en los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales”, dijo Ortega al iniciar el procedimiento.
La exprocuradora jefe venezolana acusó a Maduro de haber recibido 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2013, y alega que, a cambio del dinero, Maduro le ofreció a la empresa proyectos de infraestructura por valor de más de 2.500 millones de dólares.
Según Ortega el entramado de corrupción con Odebrecht, se realizó desde el tiempo del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y continuó en la presidencia de Maduro, utilizando un convenio de cooperación entre Venezuela y Brasil, suscrito originalmente por el expresidente Rafael Caldera en 1973.
En 2005, dice la exfiscal general, al no haber un instrumento jurídico que permitiera justificar los pagos a Odebrecht, Chávez con su entonces canciller Alí Rodriguez, modifican por primera vez el convenio para adjudicar a la constructora brasileña las mayores obras de envergadura en Venezuela.
De acuerdo al relato de Luisa Ortega a los jueces de la Corte Suprema de Venezuela en el exilio, siendo canciller Maduro suscribió un memorando de entendimiento y siete acuerdos complementarios al convenio, que fueron aprobados por su esposa Cilia Flores, quien en ese momento era presidenta de la Asamblea Nacional.
Ortega acusó a Maduro de haber arreglado con Odebrecht el financiamiento de sus dos campañas electorales prometiendo a la constructora continuar los contratos existentes para lo que calificó como las obras incompletas que la empresa brasileña tenía en Venezuela.
Los 32 jueces que escucharon el caso fueron designados el año pasado por la Asamblea Nacional controlada por la oposición, pero se vieron obligados a huir después de que el gobierno se negó a reconocer sus nombramientos y los acusó de intentar ilegalmente reemplazar al Tribunal Supremo de Venezuela.
Maduro ha negado los cargos de corrupción y no reconoce a la corte en el exilio.
A pesar de su ausencia, el tribunal le asignó a Maduro un defensor público, quien argumentó que las acusaciones no son respaldadas.