Gobierno salvadoreño pide alargar ofensiva carcelaria contra pandillas a 2019

Gobierno salvadoreño pide alargar ofensiva carcelaria contra pandillas a 2019

El ministro de Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez, pidió hoy al Congreso la ampliación hasta abril de 2019 de una serie de medidas “extraordinarias” de seguridad en las prisiones para combatir a las pandillas, pese a las críticas que estas han recibido desde la ONU.

Ramírez Landaverde, quien fue acompañado por el diputado Misael Mejía del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), destacó que dichas medidas “han permitido tener mayor control y seguridad en los centros penitenciarios del país”.

Para que las medidas, lanzadas en 2016 y prorrogadas hasta abril de 2018, sean extendidas por un año más son necesarios al menos 43 votos de los 84 diputados del Congreso y de los que el oficialismo posee 31.

El Gobierno atribuye a estas medidas, que acompañaron a un mayor despliegue militar, el endurecimiento de los operativos policiales y la creación de una comando elite de 1.000 elementos para dar caza a columnas armadas de pandilleros en la zona rural, la reducción de los asesinatos en 2016 y 2017.

El país centroamericano, que en 2015 registró el año más violento de su historia reciente con 5.280 muertes violentas, registró bajas en la cifra de asesinatos del 20,7 % y 25 % en 2016 y 2017, respectivamente.

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Pese a estás reducciones El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de asesinatos de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, muertes atribuidas principalmente al accionar de la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.

Las medidas que el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén busca ampliar en las seis cárceles con pandilleros son la suspensión de las visitas, habilitación de centros temporales de reclusión, la suspensión de traslados para audiencias judiciales y los movimientos de reos sin la burocracia acostumbrada.

Según las autoridades de Seguridad salvadoreñas, los pandilleros mantenían el control de los recintos y desde su interior ordenaban extorsiones, purgas de sus estructuras y hasta masacres.

El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, visitó a mediados de noviembre el país centroamericano y le pidió al presidente que “derogue las medidas extraordinarias” principalmente por las condiciones “inhumanas” que pasan los presos.

De igual forma, una veintena de organizaciones sociales pidieron el final de estas acciones de seguridad, que a su juicio han llevado a duplicarse la cifras de reclusos muertos por problemas de salud, pasando de 60 en todo el 2016 a 126 hasta noviembre de 2017.

La organización no gubernamental Internacional Crisis Group advirtió este miércoles que la baja en los homicidios registrada por 2016 y 2017 es insostenible si el Gobierno no da “golpes de timón” a sus planes de seguridad y apuesta más por la prevención.

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