Resolver el diferendo territorial, marítimo e insular que Guatemala y Belice tienen desde 1860 daría certeza jurídica de la frontera y generaría desarrollo e inversión, afirmó una fuente oficial.
En el referéndum que se realizará el próximo 15 de abril, los guatemaltecos deberán votar si están de acuerdo o no en llevar el litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya resolución es inapelable y de cumplimento obligatorio.
“La certeza jurídica de una frontera trae consigo confianza, y esto a su vez genera seguridad y estas tres variables son los motores que estimulan la inversión y el desarrollo”, afirmó Rafael Antonio Salazar, embajador y asesor de la Unidad de Soberanía y Dominio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).
El diplomático agregó que poner fin al reclamo territorial, insular y marítimo, “que ya lleva más de 150 años, también permitirá la reunificación de nuestros pueblos indígenas y sobre todo, demostrará que Guatemala es amante de la paz y respetuosa del derecho internacional”.
En octubre de 2016, el presidente Jimmy Morales, junto a autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la cancillería lanzaron la convocatoria para la consulta popular sobre el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. Guatemala reclama 12.272 kilómetros cuadrados del territorio beliceño.
Para realizar el referéndum, el Gobierno entregó 300 millones de quetzales al TSE. En noviembre del 2017 desembolsó 160 millones y en enero del 2018 los restantes 140 millones de quetzales.
Compromiso de Estado
Salazar recordó que en vez de frontera lo que hay en estos momentos es “una zona de adyacencia, una zona gris, en la que se dan conflictos a pesar de que fue creada para evitarlos”.
En 2008 Guatemala y Belice suscribieron un acuerdo especial ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se comprometieron a llevar ante la CIJ el añejo diferendo territorial.
Al ser consultado sobre la importancia de que la población guatemalteca vote en el referéndum acotó: “La solución definitiva al diferendo con Belice implica soberanía y esta radica en el pueblo, entonces, como pueblo tenemos que expresarnos para que Guatemala pueda cumplir su compromiso y solucionar en forma definitiva el litigio”.
Luego explicó por qué ambas naciones deben realizar un referéndum antes de llevar el caso ante la CIJ y señaló que “ni Guatemala ni Belice somos signatarios del estatuto de la Corte, entonces, uno de los requisitos para que la Corte acepte es que se haga una consulta popular por la que nos comprometemos a aceptar la resolución y su complimiento inmediato”.
Por último indicó que una vez “obtenido el consentimiento de nuestros pueblos”, Guatemala tendrá hasta 12 meses, a partir de la notificación que se haga a la secretaría de la CIJ, para presentar la demanda.
“Y luego de que Guatemala la presente, Belice tendrá hasta 12 meses para presentar su contrademanda. Se empezará entonces el proceso, las audiencias, la presentación de prueba y no podemos predecir cuánto tiempo se van a llevar todos estos procedimientos”, comentó.