El portavoz de la Presidencia de Guatemala, Heinz Hiemann, dijo hoy a Acan-Efe que hay que respetar el proceso en el marco de la detención del exministro de la Defensa Williams Mansilla por el caso de un bono militar otorgado a altos cargos de la cartera y al propio presidente Jimmy Morales.
“El derecho penal es personalísimo. El general ha sido solicitado a los órganos jurisdiccionales correspondientes tras la denuncia de la Contraloría General de Cuentas (…). Este es un proceso normal cuando existen una denuncia penal interpuesta”, agregó.
Mansilla, que recibió mensualmente más de 6.100 dólares, fue arrestado este viernes en su residencia acusado de los delitos de “abuso de autoridad, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito”, según adelantó a Acan-Efe la portavoz del Ministerio Público (MP-Fiscalía), Julia Barrera.
El presidente guatemalteco, que en su calidad de comandante general recibió mensualmente 50.000 quetzales (6.858 dólares), devolvió por orden de la Contraloría General de Cuentas (CGC) todo el dinero días antes de que el Supremo rechazara una solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía en este caso.
La Fiscalía de Lavado de Dinero u Otros Activos, que indaga sobre estos bonos de responsabilidad que Mansilla había autorizado y también recibido, no tiene más operativos en marcha, según confirmó la portavoz de la Fiscalía.
Este bono extraordinario asignado por el Ejército, que se realizaba a altos cargos del Ministerio desde el 2005, se otorgó por primera vez a un presidente en diciembre de 2016, tiempo durante el cuál Morales recibió 450.000 quetzales (61.475 dólares).
A este respecto, el vocero dijo que es Mansilla el que debe rendir las declaraciones correspondientes en este caso.
Fue el propio exministro Mansilla, cuando aún estaba en el cargo el pasado mes de septiembre, el que confirmó que se repartían los bonos al presidente, así como al resto del alto mando militar y personal de la cartera de Defensa y del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
El presidente Morales, en su calidad de comandante general, recibió mensualmente 50.000 quetzales (6.858 dólares); el ministro Mansilla 45.000 (6.172 dólares); el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Erick Servando Cano, 40.000 (5.486 dólares); y tres de los viceministros de Defensa 35.000 (4.801 dólares) cada uno.
Tras conocerse, la CGC constituyó de inmediato una auditoría para indagar lo sucedido y ordenó al mandatario explicar por qué recibía el bono o, de lo contrario, que devolviera los 450.000 quetzales (61.728 dólares) cobrados desde diciembre de 2016, algo que hizo Morales el pasado día 14 de septiembre.