Al menos tres personas han muerto, un policía y dos estudiantes, durante la tercera jornada de protestas en Managua contra las reformas de la seguridad social impuestas por decreto por el presidente Daniel Ortega.
Las manifestaciones han sido contrarrestadas en las calles tanto por las policías del país como por fuerzas irregulares de paisano.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, endureció la represión contra centenares de manifestantes que se oponen al cambio en el régimen de pensiones, en donde se aumenta la contribución de empleadores, trabajadores e impone una deducción del 5% a pensionistas.
Managua fue sitiada por la Policía Nacional y las huestes del Frente Sandinista. Varios comercios decidieron cerrar sus puertas y empresas suspendieron sus labores, mientras se anunciaban nuevas manifestaciones en Granada –a 45 kilómetros de Managua–, Estelí –localizada en el norte del país y célebre bastión del sandinismo– y otras ciudades del centro de Nicaragua.
El policía fallecido ha sido identificado como Hilton Rafael Manzanares, de 38 años, y pereció a causa de un disparo de escopeta en las cercanías de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), según ha detallado la portavoz de la Policía Nacional, Vilma González, en rueda de prensa. En ese mismo recinto universitario murieron dos jóvenes, uno identificado como Darwin Urbina por medios oficiales, y otro adolescente de 17 años, estudiante de secundaria, Richard Pavón.
El presidente Ortega no ha comparecido ante los graves disturbios que afectan al país. Ha sido su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo quien ha enfrentado la crisis.
Murillo calificó como “minúsculos grupos alentadores del odio” y como “mediocres” a los manifestantes, a quien les deseó un “castigo divino”.
Las principales cámaras empresariales del país rechazaron la represión contra la población y la censura a los medios de comunicación independientes. La Cámara Minera de Nicaragua exigió al Gobierno a través de un comunicado que “garantice el derecho ciudadano de expresar pública y libremente sus puntos de vista”, a la vez que advirtió que las reformas impuestas a la Seguridad Social “ponen en riesgo la estabilidad de la nación”.
Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), que aglutina a importantes organismos del sector privado, exigió respeto “al derecho a la libre movilización e irrestricta libertad de expresión”. El Consejo Superior de la Empresa Privada, la principal cámara empresarial del país, pidió al Gobierno “diálogo” y exigió el respeto a la “libertad plena de información”.
El País