La Ley Electoral y de Partidos Políticos enfrenta el desafío permanente de mantenerse como el instrumento rector del sistema democrático ante prácticas de organizaciones políticas que buscan evadir o reducir el alcance de sus disposiciones, advirtió el politólogo y analista Renzo Rosal.
Rosal recordó que las últimas reformas a esta normativa fueron aprobadas por el Congreso en 2016 con el propósito de fortalecer la fiscalización del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ampliar su capacidad sancionatoria. Sin embargo, explicó que posteriormente han surgido mecanismos utilizados por algunos partidos para eludir el cumplimiento de las reglas.
La necesidad de una actualización continua
Para el analista, la renovación de la legislación debe ser un proceso constante debido a las nuevas dinámicas que emergen tras cada proceso electoral. En ese sentido, destacó la importancia de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) como un espacio plural que reúne a partidos, academia y sociedad civil para discutir propuestas de reforma.
El procedimiento establece que el TSE sistematiza estas discusiones y traslada el proyecto de reformas al Organismo Legislativo; no obstante, Rosal señaló que este proceso se ha desarrollado de manera parcial, ya que las iniciativas enviadas al Congreso no han avanzado hacia su aprobación definitiva. Según indicó, la próxima CAME podría constituirse tras las elecciones de 2027 para evaluar las experiencias de dichos comicios.
Temas clave y el obstáculo legislativo
Entre los ejes que, a su criterio, deben incluirse en una eventual discusión figuran:
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El financiamiento de las organizaciones políticas.
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La democratización interna y el fortalecimiento de estructuras territoriales.
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Mecanismos que garanticen mayor participación de los militantes en la toma de decisiones.
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El mejoramiento del funcionamiento en comités municipales y departamentales.
Rosal reconoció que estas modificaciones suelen entrar en contradicción con los intereses de determinados partidos, lo que ha contribuido al retraso legislativo. Asimismo, apuntó que Guatemala ha aprobado pocas modificaciones desde la creación de la ley en los años ochenta —a diferencia de la tendencia regional en América Latina— debido a la falta de interés político de las últimas legislaturas para concretar las reformas de manera definitiva.
