El control telemático permite a las autoridades monitorear en tiempo real la ubicación de personas bajo medidas judiciales mediante un dispositivo electrónico en el tobillo. A través de tecnologías como GPS, redes móviles y Wi-Fi, el sistema registra desplazamientos y genera alertas ante cualquier incumplimiento o intento de manipulación.
El licenciado José Ricardo Hemmerling Peláez, de la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación, explicó que esta herramienta se fundamenta en la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal (Decreto 49-2016 del Congreso). Posteriormente, el Acuerdo 30-2023 de la Corte Suprema de Justicia reguló la creación y funcionamiento de la unidad encargada.
Hemmerling detalló que el Organismo Judicial ordena la medida, mientras que la Unidad de Control Telemático ejecuta el monitoreo constante e informa al juez correspondiente. Antes de colocar el dispositivo, la unidad emite un informe de factibilidad técnica para confirmar que existen las condiciones operativas para el rastreo.
Un aspecto clave del proceso es la delimitación geográfica: la zona de inclusión define el área donde el procesado puede movilizarse, mientras que la zona de exclusión señala los lugares donde tiene prohibido ingresar. Una vez activado el brazalete, el sistema emite alertas por batería baja, manipulaciones o salidas no autorizadas.
La respuesta ante una alerta depende de su gravedad:
- Leves: los monitores contactan telefónicamente al usuario para verificar la situación (por ejemplo, ante un descuido en la carga del dispositivo o un desplazamiento mínimo fuera del perímetro).
- Graves: se coordina la intervención inmediata de la Policía Nacional Civil (PNC). Para evitar duplicidades y garantizar una reacción efectiva, existe un protocolo conjunto entre la Unidad de Control Telemático, la PNC y el Sistema Penitenciario.
Finalmente, el funcionario señaló que los principales desafíos técnicos son la falta de cobertura móvil en ciertas regiones del país y la disciplina requerida por parte del usuario para mantener cargada la batería. Asimismo, aclaró que la medida se aplica principalmente a procesados por delitos de baja peligrosidad a quienes se les otorga una medida sustitutiva, conforme lo permite la ley.
