El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ), buscará el pago de alrededor de 76 millones de dólares de las fianzas de cumplimiento y anticipo que se establecieron con la empresa brasileña Odebrecht, por el abandono del proyecto de la carretera CA-2 Occidente.
“La fianza de cumplimiento es por 35 millones de dólares, más de 3 millones que se agregaron por los cambios, y la fianza de anticipo es por 38 millones de dólares, mismas que se les dio un plazo para que fueran entregadas y no lo hicieron y por ello tomamos la decisión de reclamar nuestros derechos”, dijo el titular del CIV, Aldo García.
El funcionario informó que se realizará una reunión con los representantes de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas para establecer una ruta a seguir en este proyecto que ha dejado estancada la rehabilitación de los principales tramos del occidente del país.
En total son 140 kilómetros los que se le habían adjudicado a la empresa brasileña desde el gobierno anterior.
“La falta del pago de las fianzas se tomará como un incumplimiento del contrato con Odebrecht”, señaló García.
Destacó que lo que se busca es liquidar el contrato y poder iniciar un nuevo proceso de licitación para comenzar con el mejoramiento de este tramo.
El Ministerio de Comunicaciones trabaja desde hace varios meses en una negociación con la firma, a fin de que acceda a que el Gobierno pueda intervenir en la reparación de la ruta, sin afectar el proceso penal en desarrollo.
Según investigaciones, Odebrecht cobró al Estado guatemalteco unos 249,8 millones de dólares en anticipos por la ejecución de la obra, que corresponden aproximadamente a un 75 por ciento del costo total de la obra, pero el avance solo representó el 30 por ciento. Posteriormente, el proyecto, cuya primera piedra se colocó en mayo de 2013, quedó abandonado.
El contrato fue otorgado a Odebrecht en 2012, luego de negociaciones fraudulentas con exfuncionarios que ahora son sindicados de varios delitos, entre ellos Alejandro Sinibaldi, exministro del CIV, quien de acuerdo con el Ministerio Público, exigió 17,9 millones de dólares en “comisiones ilícitas”.