La política de ‘tolerancia cero’, aplicada desde mayo último pese al rechazo a nivel nacional y foráneo, establece que cualquier detenido al cruzar ilegalmente la frontera con México será acusado de cargos criminales.
Como parte de la iniciativa, más de dos mil 500 niños y adolescentes fueron separados del lado de sus padres, según datos oficiales.
Frente a la presión de diversas voces y con el fin de frenar la división familiar, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el pasado 20 de junio una orden ejecutiva, pero quedaron fuera de la disposición quienes habían sufrido la práctica.
Menos de una semana después, Sabraw ordenó al Gobierno que procediera de inmediato con la reunificación de familias separadas, pero los plazos dados se cumplieron sin lograr el objetivo de manera total.
Ayer, el juez aprobó el plan presentado por funcionarios de los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional, Estado, y Justicia para favorecer ese proceso de unión.
Tal estrategia se basa en identificar a las familias, hacer contacto, determinar las intenciones del progenitor con el niño, resolver cuestiones migratorias del menor, y finalmente transportarlo al país de origen para juntarse a su allegado.
Aunque el Gobierno no precisó tiempos entre la primera y la última fase de su propuesta, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, demandante en este caso, sugirió el establecimiento de un plazo de siete días para la reunificación desde que el padre es contactado y confirma el deseo de recibir al menor.