“Nicaragua se encuentra en una encrucijada que hubiera podido evitarse dijo Gonzalo Koncke, jefe de Gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, al comparecer ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el miércoles.
La situación en Nicaragua está siendo abordada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a pedido de Estados Unidos.
“A Nicaragua después del 18 de abril no pueden aplicarse los mismos instrumentos, se necesitan nuevas herramientas que ayuden a solucionar la encrucijada política. La crisis de democracia no afectan solo al país, por eso se necesita la cooperación internacional”, indicó Koncke.
Por su parte Feliz Maradiaga, representante de los defensores de derechos humanos en Nicaragua, al brindar una perspectiva de la realidad que se vive en el país dijo que fue acusado de terrorismo y crimen organizado. Señaló además que hay criminalización de la protesta cívica y que se necesita participación de organizaciones internacionales.
“Hay una bomba de tiempo en Nicaragua, todos los días ocurren crímenes de lesa humanidad”, dijo Maradiaga.
Rusia rechaza que el Consejo de Seguridad intervenga en situación de Nicaragua
Rusia resaltó su inconformidad de que organizaciones internacionales intervengan, pues lo considera presiones exteriores y considera que la situación en Nicaragua es de política interna.
“Tenemos la impresión de que el Consejo de Seguridad es como un juez de Nicaragua” indicó Rusia. “La política destructora frente a Nicaragua no data de ayer” agregó.
Rusia afirma que el concepto de violación de derechos humanos “es más bien una hipocresía” insistiendo en su rechazo de que el Consejo de Seguridad intervenga en la situación de Nicaragua.
Dice que si Estados Unidos de verdad está preocupado por la situación de los ciudadanos nicaragüenses debería levantar medidas económicas impuestas.
Nikki Haley, embajadora estadounidenseante la ONU, dijo el martes que el Consejo hablará el miércoles por primera vez sobre la crisis de Nicaragua debido a sus “cientos de víctimas y detenciones arbitrarias” por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega.