TGW DIGITAL | El diputado Luis Ventura indicó que la bancada oficialista, por medio de la diputada Brenda Mejía, habilitó un formulario para recopilar información sobre los casos de estudiantes cuyos expedientes académicos fueron cancelados sin previo aviso.
Agregó que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público y solicitaron a la Contraloría General de Cuentas una auditoría especial para determinar quién es el responsable de las modificaciones en los registros académicos que han afectado a varios estudiantes.
Sobre las posibles consecuencias si estas prácticas continúan, Ventura afirmó que la situación es preocupante para toda la población, ya que pone en duda la certeza sobre el manejo de la información digital. Señaló que los sistemas permiten rastrear las modificaciones realizadas, por lo que consideró que el problema debe resolverse para evitar que afecte a más personas.
Ventura aseguró que la Universidad de San Carlos «ha sido cooptada», a su juicio, el rector no representa a la comunidad universitaria, sino «todo lo opuesto a lo que debería ser un rector«.
En cuanto a las acciones que deberían impulsarse, el legislador consideró necesario respaldar a los estudiantes afectados y exigir la intervención de las autoridades competentes. Señaló que tanto el sistema de justicia como la Contraloría General de Cuentas tienen un papel fundamental para esclarecer los hechos y llamó a la ciudadanía a informarse y exigir respuestas.
Respecto a la acción presentada ante la Contraloría, explicó que busca la realización de una auditoría que permita revisar el sistema informático de la universidad. Según indicó, este procedimiento puede identificar qué usuario realizó modificaciones en los expedientes académicos y en qué momento ocurrieron.
Ventura dijo que esa investigación permitiría aclarar lo sucedido, ya que, según él, es falso que los expedientes se hayan perdido en 2022, debido a que algunos de los estudiantes afectados se inscribieron después de esa fecha. Aseguró que existen irregularidades en la unidad de Registro y Estadística y que la Contraloría puede determinar su origen.
El diputado sostuvo que lo ocurrido «es claramente una represalia política» y no un simple fallo del sistema, por lo que insistió en que las instituciones correspondientes deben actuar.
Afirmó que estas acciones buscan «acallar a la oposición» y desarticular las organizaciones estudiantiles para facilitar el control de la universidad sin voces críticas. Añadió que los casos no se limitan al campus central, sino que también alcanzan a estudiantes de distintos departamentos del país.