TGW DIGITAL | El analista político, Renzo Rosal, recuerda que la CC fue creada para defender el orden constitucional y garantizar el cumplimiento de la Constitución, sin embargo, sostiene que en los últimos años ha emitido resoluciones que, lejos de fortalecer ese mandato, han contribuido a debilitar el régimen de justicia y el proceso democrático del país.
Según Rosal, la Corte ha pasado de ser un órgano llamado a proteger la institucionalidad a convertirse, en muchos casos, en un instrumento que responde a intereses de actores de poder. Afirma que varias de sus resoluciones han servido para legitimar decisiones que vulneran el orden constitucional y para favorecer a determinados sectores políticos.
El analista señala que, en lugar de fortalecerse con el paso del tiempo, como correspondería a una institución cuyas resoluciones son inapelables y de cumplimiento obligatorio, la CC ha experimentado un proceso de deterioro institucional. A su juicio, ha sido parte de la cooptación y del debilitamiento de las instituciones del Estado, convirtiéndose en un instrumento político más que en un garante de la Constitución.
Sobre la intervención de la CC en decisiones del Ejecutivo, el Legislativo, el Organismo Judicial e incluso en asuntos relacionados con tratados internacionales, Rosal explica que esto es posible principalmente a través de los amparos. Señala que este mecanismo permite a la Corte revisar una amplia gama de actuaciones estatales e, incluso, actuar de oficio cuando considera que existen violaciones a las garantías constitucionales.
No obstante, advierte que esa amplia competencia también ha dado lugar a resoluciones que, desde su perspectiva, no siempre responden al espíritu de la Constitución. Asegura que en algunos casos la Corte ha acomodado sus decisiones para favorecer determinados intereses políticos, alejándose de su función como árbitro imparcial.
Respecto a las reformas necesarias para recuperar el papel original de la Corte, Rosal afirma que el principal cambio debe producirse en las cinco instancias encargadas de designar magistrados. Considera que estas han privilegiado intereses políticos o particulares por encima de la responsabilidad constitucional que implica integrar la CC.
Sostiene que mientras los procesos de nominación continúen respondiendo a intereses ajenos al fortalecimiento institucional, será difícil que la Corte recupere credibilidad.