El presidente de la República, Bernardo Arévalo, anunció la derogación de los acuerdos gubernativos que establecían la implementación del seguro obligatorio para los trabajadores y la ciudadanía, los cuales iban a entrar en vigencia en 45 días.
Esta decisión ha generado una importante repercusión política y social, considerando la amplia discusión que generó la iniciativa en las semanas previas.
Los acuerdos gubernativos, obligaban a los ciudadanos a contratar un seguro para garantizar una cobertura mínima en caso de accidentes, enfermedades y otros riesgos.
Sin embargo, la medida fue objeto de controversia desde su anuncio, con varios sectores de la sociedad cuestionando su viabilidad y su impacto en las finanzas de las personas, especialmente de las clases medias y bajas.
El presidente Arévalo, quien asumió el cargo con la promesa de promover un gobierno inclusivo y centrado en las necesidades del pueblo, explicó en su intervención que la decisión de derogar los acuerdos fue tomada luego de un proceso de consulta con distintos actores sociales y económicos.
Hemos llegado a acuerdos por el bienestar de todos. pic.twitter.com/wNA3IBXrmK
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) March 20, 2025
Además, destacó que la medida no estaba alineada con los principios de justicia social y equidad que su administración busca promover.
“El seguro obligatorio, tal como se planteaba, no responde a las necesidades de la población ni a la realidad económica que atraviesa el país. A partir de hoy, la política del gobierno será revisar los mecanismos de protección social para asegurar que estos sean realmente eficaces y no generen cargas innecesarias a la ciudadanía”, indicó Arévalo en su comunicado oficial.
Esta derogación ha sido bien recibida por diversos sectores que consideraban que la imposición de un seguro obligatorio afectaba particularmente a las personas de menores ingresos. Por otro lado, algunos expertos en el tema de seguros y seguridad social sugieren que esta decisión podría retrasar la implementación de una cobertura universal para los ciudadanos, algo que aún está pendiente en la agenda política.
A partir de ahora, el gobierno buscará abrir un espacio de diálogo con los expertos y la ciudadanía para diseñar una estrategia que permita mejorar la protección social de manera sostenible, sin que se convierta en una carga económica para los ciudadanos.
Con esta decisión, el mandatario reafirma su compromiso con una gestión más democrática y centrada en las necesidades reales de los guatemaltecos.