En un esfuerzo coordinado para priorizar el bienestar de la ciudadanía y la estabilidad del país, el Gobierno de la República destacó las acciones interinstitucionales implementadas para restablecer de manera integral la libre circulación en las carreteras que permanecieron bloqueadas durante varias horas.
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dio a conocer los detalles del operativo desplegado a escala nacional, el cual permitió la liberación de 34 puntos carreteros estratégicos. El funcionario enfatizó que esta medida fue crucial para restablecer el tránsito regular de familias, trabajadores y unidades de emergencia, garantizando además el flujo de insumos vitales como alimentos, medicamentos y combustibles a las distintas regiones del país.
Marco legal y apego al Estado de derecho
Respecto al sustento jurídico de las intervenciones, el titular de la cartera del interior aclaró que las fuerzas de seguridad iniciaron los operativos de habilitación de vías desde las primeras horas, de manera previa a la notificación oficial de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC).
No obstante, Villeda subrayó que todas las intervenciones posteriores se ejecutaron en estricto cumplimiento con la disposición del máximo tribunal. Reiteró que el compromiso del Ejecutivo es actuar dentro del marco legal para tutelar los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos, equilibrando el respeto a las garantías individuales con el resguardo del orden público.
Monitoreo constante y plan preventivo
Pese a la reapertura total de los tramos afectados, el ministro de Gobernación advirtió sobre la posibilidad de que se intenten instalar nuevas medidas de hecho o bloqueos focalizados en otros puntos del territorio nacional.
Ante este escenario, confirmó que se mantiene activo un plan de contingencia y control territorial desplegado de forma conjunta con el Ejército de Guatemala. Esta estrategia contempla el monitoreo permanente de las rutas principales y secundarias para actuar con prontitud en caso de suscitarse interrupciones que vulneren la movilidad y los derechos de la población.
