Las maras, el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y la trata de personas figuran entre las amenazas nacionales e internacionales a la seguridad de Guatemala, según la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE).
En la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas (ANRA 2018), que divulgó este lunes la SIE, el Gobierno también incluye en la lista los homicidios, el contrabando y la defraudación aduanera, los hurtos y robos.
Mientras que entre las amenazas transnacionales, además del narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, figuran la violación a la soberanía, lavado de dinero u otros activos, el terrorismo y los ciberataques.
Entre los riesgos, la SIE menciona la problemática de la tierra y del agua, los desastres naturales y las epidemias y pandemias, en tanto que las vulnerabilidades a la seguridad las representan la corrupción, obstáculos en la gobernabilidad, la defensa de la nación y las debilidades en la política exterior.
El documento explica que la ANRA es la base para la elaboración de la Política Nacional de Seguridad, a cargo del Consejo Nacional de Seguridad, y constituye una herramienta para desarrollar el conjunto de lineamientos y cursos de acción necesarios para reducir los riesgos y mitigar las amenazas.
Además, orienta las labores de inteligencia de las instituciones del Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), constituyendo una guía para la priorización de acciones que permitan elaborar con carácter técnico y preventivo, los riesgos y amenazas al país.
La Política Nacional de Seguridad y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación definen a una amenaza como el fenómeno intencional generado por el poder de otro Estado o por agentes no estatales, cuya característica es la integración de la capacidad hostil y deliberada que pone en peligro de vulneración a los intereses y objetivos nacionales.
El riesgo se define como un obstáculo a la seguridad de la nación que, al no tener carácter de amenaza, implica una condición interna o externa generada por situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como por desastres naturales o de origen humano y pandemias que puedan poner en peligro el desarrollo nacional.
En tanto que la vulnerabilidad es la exposición al daño que enfrentan las instituciones de seguridad del Estado, que ponen en riesgo la efectividad de los programas, entre las que se menciona la corrupción, deficiencia administrativa y operativa, involucramiento en hechos ilícitos, poca presencia territorial, presupuestos limitados, falta de estabilidad laboral y bajos salarios.