El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuenta con más herramientas para fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos, aunque estas siguen siendo limitadas frente a la evolución del narcotráfico en la política guatemalteca, señaló el analista político Renzo Rosal.
Rosal explicó que la Ley Electoral y de Partidos Políticos —diseñada en la década de 1980— no responde a las dimensiones actuales del fenómeno. Si bien las reformas de 2016 incorporaron mecanismos de control privado (artículos 19 al 21), la vulnerabilidad del sistema sigue siendo alta y su impacto se ha diversificado.
De lo local a lo presidencial
El experto indicó que, décadas atrás, la injerencia de estas estructuras se concentraba en el ámbito municipal. Con el tiempo, escaló hacia candidaturas al Congreso y, en la actualidad, alcanza los procesos presidenciales.
Además, advirtió que la presencia de estos grupos ya no se limita a partidos específicos, sino que se extiende a distintas organizaciones. Incluso alertó sobre la existencia de figuras que buscan postularse como candidatos para 2027 con posibles nexos directos o indirectos con el crimen organizado.
Capacidad sancionatoria del TSE
Ante la pregunta de si el tribunal puede vetar a partidos o candidatos vinculados con estructuras criminales, Rosal recordó que el TSE posee facultades para sancionar el incumplimiento de normas de financiamiento, lo cual puede derivar en la cancelación de una organización política.
Para ello, el tribunal tiene la potestad de cruzar información con instituciones clave como:
- La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
- La Superintendencia de Bancos (SIB).
- La Contraloría General de Cuentas (CGC).
Acciones urgentes y el rol ciudadano
Para enfrentar este desafío de cara a las próximas elecciones, el analista planteó tres acciones fundamentales:
- Fortalecer al TSE: Dotar de más recursos a la Unidad Especializada de Control del Financiamiento Electoral, creada tras las reformas de 2016.
- Coordinación interinstitucional: Articular esfuerzos entre el TSE, el Ministerio Público (MP), la SIB y las fuerzas de seguridad.
- Vigilancia ciudadana: Instar a la población, a los medios de comunicación y a los observadores a denunciar irregularidades ante la Inspectoría General del TSE o la Fiscalía de Delitos Electorales del MP.
Finalmente, Rosal recordó que aunque la convocatoria oficial para las elecciones de 2027 será en enero, las organizaciones ya realizan actividades proselitistas, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante desde este momento ante cualquier anomalía.
