Que expresa su firme rechazo a la subjetividad de la publicación realizada en la cual se incluye a personas de origen guatemalteco, quienes son señaladas a través de juicios de valor y sin garantía de legítima defensa a través del debido proceso judicial, situación que viola el principio universal de presunción de inocencia.
Que condena estas acciones que constituyen una clara violación a los derechos fundamentales de las personas señaladas, además de considerarla una herramienta política en contra de operadores de justicia que no responden a intereses de una agenda ideológica propia que se quiere imponer en nuestro país, por lo que exige respeto a la independencia de los poderes del Estado y, sobre todo, a la soberanía de la nación.
Que considera deleznable esta herramienta que, a criterio de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se está utilizando por los Estados Unidos para imponer su jurisdicción a personas en el extranjero, perjudicando los derechos humanos de los señalados y quebrantando su presunción de inocencia y derecho al debido proceso.[i]
Reiteramos que esta lista no puede ser considerada como un instrumento vinculante bajo ninguna circunstancia en la legislación guatemalteca, por derivarse de acusaciones mediáticas infundadas.
Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la defensa de la soberanía de nuestro país, ante la injerencia externa en asuntos internos y la utilización de herramientas políticas abusivas en contra de los guatemaltecos.