La mayoría de los diez prófugos de la justicia guatemalteca, supuestamente implicados en una red que cobraba una comisión por agilizar trámites de devolución del crédito fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denominada “Tráfico de Influencias”, estarían en República Dominicana.
“Tenemos algunos indicios de dónde podrían estar, algunas informaciones indican que en República Dominicana estarían algunos”, dijo el Ministerio de Gobernación.
Enfatizó que “tenemos información de que sí hay personas en ese país” y agregó que a petición del Ministerio Público (MP) se emitieron las alertas a través de la Policía Internacional (Interpol).
“Los equipos de investigación ya están trabajando para definir las acciones y avanzar en esos procesos”, aseguró el Ministerio, y explicó que las alertas se emitieron inmediatamente después de que el MP solicitó las capturas de los integrantes de la estructura, ocho de los cuales fueron detenidos el jueves.
Uno de los prófugos es el excandidato a la Vicepresidencia de Guatemala en 2015, el empresario Mario Leal, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Según las primeras investigaciones, la estructura habría cobrado unos 19 millones de quetzales en comisiones por gestionar y agilizar trámites de devolución del crédito fiscal en la SAT.
Entre los ocho capturados durante los allanamientos del jueves último con la participación del Ministerio de Gobernación, figura Rudy Villeda, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y varios empresarios.
Las empresas señaladas de ingresar expedientes en 2011, 2013 y 2014 para que les devolvieran el crédito fiscal son Aceros de Guatemala, S.A.; Industrias de Tubos y Perfiles, S.A.; Maya Quetzal, S.A.; MAG Alcoholes, S.A.; Ingenio Magdalena, S.A.; Productos y Servicios Azucareros, S.A.; Producción y Negocios Industriales; Reforestadora de Palma de Petén, S.A., e Ingenio Palo Gordo, S.A.
El empresario Leal junto a Alfredo Muñoz y el actual diputado de oposición en el Congreso, Felipe Alejos, participaban en la estructura como intermediarios y captaban a las empresas que tramitaban expedientes para la devolución de los créditos a cambio de un porcentaje de las comisiones ilícitas.