La reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordena al Congreso de la República implementar un procedimiento para verificar las firmas de respaldo a dos propuestas de reforma constitucional, excede las atribuciones de ese tribunal y vulnera el principio de separación de poderes, advirtió el abogado y analista político Óscar Morales.
El profesional señaló que, si bien la CC tiene competencia para conocer los amparos vinculados al tema, irrumpió en facultades exclusivas del Organismo Legislativo al dictar la forma exacta en que se debe desarrollar el trámite.
«Lo delicado es que sea la Corte de Constitucionalidad, porque entre las medidas que dicta ordena un estudio grafotécnico de cada una de las firmas. Eso es insólito», expresó Morales.
Obstáculos técnicos e impacto democrático
El analista explicó que, aunque la autenticidad de las firmas y la validación del consentimiento de los ciudadanos son aspectos legítimos, exigir peritajes grafotécnicos individuales ante una recolección masiva de firmas torna el procedimiento materialmente inviable en términos técnicos y temporales.
Asimismo, cuestionó la disposición de certificar lo conducido al Ministerio Público por posibles anomalías o falsedad en las firmas, una medida que, a su criterio, genera un clima de intimidación y riesgo penal contra quienes promueven ejercicios de democracia participativa. Morales añadió que no existen precedentes de un fallo que imponga requisitos periciales individuales de esta magnitud en procesos ciudadanos.
El futuro del proyecto y el rol institucional
Ante la decisión de Edgar Ortiz y la organización Poder Ciudadano de desistir de la propuesta respaldada por firmas —tras el compromiso de varios parlamentarios de asumir la iniciativa—, Morales sostuvo que el camino legislativo dependerá de la estrategia que adopte el Congreso.
«Lo que tendrían que hacer los diputados sería evaluar la iniciativa, tomarla nuevamente en sus manos, redactarla y proponerla», detalló.
Morales concluyó que la posición asumida por la CC confunde su rol de garante constitucional con la intervención en competencias de otros órganos del Estado. A su juicio, este fallo envía un mensaje desincentivador para la sociedad civil en un momento donde el país requiere reformas profundas en los ámbitos social, económico, financiero e institucional.
