El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reiteró hoy “todo el apoyo” para la persecución penal en el caso de corrupción que involucra a la empresa brasileña Odebrecht y a políticos guatemaltecos, pero, a su vez, pidió el margen necesario para intervenir en el abandonado proyecto, la carretera CA2 Occidente.
“Siempre apoyaremos (la investigación), lo que pedimos es que nos dejen trabajar; como Ejecutivo, nosotros necesitamos entregarle carreteras a la población”, dijo el mandatario en declaraciones a periodistas que acompañaron el inicio, precisamente, de los trabajos para la recuperación del primero de dos tramos carreteros en Alta Verapaz.
“Nosotros siempre hemos apoyado la persecución criminal, y precisamente hoy tuvimos una reunión (en la que se analizó) de lo necesario que ese tipo de acciones se den, sin entorpecer el trabajo administrativo que al Ejecutivo le corresponde hacer, es decir, asfaltar las carreteras, trabajar las carreteras”, que necesita el país, agregó.
Lamentó que hayan transcurrido “más de 36 meses, casi cuatro años que no podemos trabajar la carretera del sur (CA2 Occidente), y advirtió que ésta es “al igual que todas, una carretera muy importante para comercio y el transporte de personas”.
“Básicamente, es lo que pedimos: que nos den facilidades para que los contratos se puedan liquidar para poder volver a licitar”, comentó.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) trabaja desde hace varios meses en una negociación con la firma, a fin de que acceda a que el Gobierno pueda intervenir en la reparación de la ruta, sin afectar el proceso penal en desarrollo.
Durante una conferencia de prensa el miércoles, el Ministerio Público (MP) dio cuenta del proceso de investigación por este caso que involucra al ex candidato presidencial Manuel Baldizón, y al ex ministro del CIV durante la pasada administración, Alejandro Sinibaldi.
El MP detalló que Odebrecht cobró al Estado guatemalteco unos 249,8 millones de dólares en anticipos por la ejecución de la obra, que corresponden aproximadamente a un 75 por ciento del costo total de la obra, pero el avance sólo representó el 30 por ciento. Posteriormente, el proyecto, cuya primera piedra se colocó en mayo de 2013, quedó abandonado.
El contrato para la realización del proyecto fue otorgado a Oderbrecht en 2012 por Sinibaldi, quien, de acuerdo con el MP, exigió 17,9 millones de dólares en “comisiones ilícitas”.