Las expectativas de crecimiento económico para 2018, situadas entre un 3 y un 3,8 por ciento, podrían caer como consecuencia de la demora en la reactivación de las operaciones de la mina San Rafael, dijo hoy una fuente oficial.
El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Sergio Recinos, dijo que tales previsiones se formularon bajo el supuesto de que la mina San Rafael reiniciara actividades este mes, lo cual no ha ocurrido.
“Si esta minera no entra a trabajar pronto, pues vamos a observar posiblemente un sesgo hacia abajo en ese crecimiento, esto siempre y cuando todo lo demás permanezca igual”, explicó el funcionario durante una conferencia de prensa al concluir el Gabinete Económico.
Precisó al respecto que “uno de los supuestos que están detrás (de la previsión) es que la mina san Rafael iniciara en abril; tomando en cuenta que han pasado algunos días del mes (y) si esto no sucediera (pronto), indudablemente tendrá un impacto que hemos estimado en alrededor de 0 ,1 por ciento por trimestre, (lo) que estaría afectando esa estimación del PIB”.
En cuanto a la posibilidad de que haya otros factores positivos o negativos, Recinos hizo algunas consideraciones, especialmente en relación a los que podrían “empujar” positivamente.
“Estamos viendo por ejemplo la aprobación del crédito en educación, que obviamente tiene una ampliación presupuestaria, y entiendo que también es probable que pudiera haber algún empuje adicional en ese sentido”, dijo.
Añadió que esto “podría inducir el crecimiento hacia arriba”; no obstante, advirtió que ahora mismo “es prematuro” considerar estas variables y, en lo que sí recalcó es que “si todo permanece igual (la inactividad de la minera San Rafael) sí tendría un impacto negativo en el crecimiento”.
La minera San Rafael, operada por la candiense Tahoe Resources, suspendió sus operaciones en julio de 2017 por una orden judicial derivado de un amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a una organización ambientalista.
En octubre de ese año, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en procura de que se resuelva la suspensión aplicada.
En enero de 2018, la minera despidió a 250 trabajadores como consecuencia de la suspensión por orden judicial. Entonces, el ministro de Energía y Minas, Alfonso Chang, estimó que Guatemala pierde unos 25 millones de quetzales mensuales en concepto de regalías por dicha suspensión.
El mes pasado, la CC solicitó un estudio antropológico para ampliar la información antes de emitir una sentencia.
Las plantas de la mina están ubicadas en los municipios de Mataquescuintla, Jalapa, y San Rafael Las Flores, Casillas y Nueva Santa Rosa, en el departamento de Santa Rosa.