Las fiscalizaciones y las interpelaciones deben analizarse desde la función constitucional que le corresponde al Congreso de la República, explicó el abogado, constituyente y expresidente de ese organismo, Roberto Alejos.
El entrevistado señaló que, si bien la Constitución autoriza a los diputados a supervisar las instituciones públicas e interpelar a los ministros, esta herramienta se ha desviado de su propósito original. Aunque considera útiles las visitas de campo para verificar el trabajo y detectar anomalías, cuestionó que en varios casos estas acciones se reduzcan a videos y publicaciones para redes sociales, en lugar de traducirse en denuncias formales.
Respecto a los juicios políticos, Alejos aclaró que se crearon para cuestionar públicamente a un funcionario cuando persisten dudas tras las audiencias en comisiones o bancadas. Ante indicios de mal desempeño o posibles delitos, el Pleno puede recurrir a la interpelación para exponerlos y, de ser necesario, solicitar un voto de falta de confianza.
Sin embargo, afirmó que actualmente este recurso no cumple dicho cometido. Una modificación a la Ley Orgánica del Congreso limitó las sesiones a una vez por semana, lo que —sumado al ausentismo parlamentario y al estancamiento de la agenda— provoca que los procesos se prolonguen durante meses y se conviertan en meros espacios de propaganda política.
Ante el retiro de varias solicitudes, Alejos instó a que más diputados desistan de estas medidas para destrabar la discusión de leyes pendientes. Finalmente, planteó la necesidad de aplicar reformas profundas a la Ley Orgánica del Congreso, al considerar que el mecanismo actual no garantiza una fiscalización eficiente ni genera resultados concretos.
