Con el objetivo de resguardar la seguridad, la salud y la integridad de la población guatemalteca, la Policía Nacional Civil (PNC) hizo un llamado urgente a la empatía social y al respeto hacia los sectores más vulnerables ante las recientes medidas de hecho y bloqueos en distintas vías del país.
La institución policial enfatizó que, si bien respeta plenamente el derecho constitucional a la manifestación pacífica, es imprescindible no poner en riesgo la vida ni la salud de las personas que padecen enfermedades crónicas o terminales, así como de quienes requieren atención médica de urgencia. En ese sentido, instó a permitir en todo momento el libre paso de ambulancias, suministros médicos y transporte para personas en situación de vulnerabilidad.
Acompañamiento de la PDH y diálogo institucional
Para garantizar una solución pacífica a los conflictos y resguardar la tranquilidad de las familias, la PNC solicitó el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a fin de mediar e instalar mesas de diálogo que permitan atender las demandas sin impactar la paz social ni la movilidad de los guatemaltecos.
Marco legal y responsabilidad ciudadana
Asimismo, las autoridades recordaron que el derecho a manifestarse debe ejercerse en el marco de la ley, evitando acciones ilícitas como el saqueo, la toma de propiedad privada o la destrucción de infraestructura, las cuales están tipificadas en el Código Penal con las siguientes sanciones:
- Atentado contra la Seguridad de Servicios de Utilidad Pública (Artículo 294): Sanciona con 1 a 5 años de prisión la paralización o puesta en peligro de vías de comunicación, transporte o servicios públicos.
- Usurpación y Usurpación Agravada (Artículos 256 y 257): Establece penas de 1 a 6 años de prisión por la invasión o despojo de inmuebles y propiedad privada.
- Daño Agravado (Artículo 279): Castiga el deterioro o destrucción de bienes públicos o privados con 2 a 6 años de prisión.
La Policía Nacional Civil reiteró su compromiso de mantener el orden público, proteger a la ciudadanía y privilegiar siempre las vías institucionales para resolver las demandas de manera pacífica.
