El Censo Nacional del Recurso Humano, que concluirá este año, permitirá establecer cuántas personas trabajan en el Organismo Ejecutivo, implementar políticas públicas sobre aspectos concretos y garantizar la transparencia del gasto.
También reforzará las políticas de Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico que impulsa el presidente Jimmy Morales y dará cumplimiento a la Carta Iberoamericana de la Función Pública suscrita por Guatemala.
Mario Argueta, presidente de la Comisión Coordinadora del Censo Nacional del Recurso Humano del Organismo Ejecutivo, explicó en una entrevista con medios oficiales, entre ellos la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), que la segunda fase del censo comenzará en marzo y que los resultados se tendrán a finales de septiembre próximo.
¿Qué es el censo y para qué servirá?
El censo persigue establecer cuántas personas trabajamos para el Estado, quiénes somos y dónde estamos. Tiene tres objetivos. Uno es el levantado de la información y aquí quiero hacer una ampliación: Se han hecho otros ejercicios de censo pero este es el primero que tiene una cobertura total en el sentido que toma en cuenta personal de los renglones en relación de dependencia que básicamente son el 011 y 022, y otros como 021, 023 y 029. También incluye el subgrupo 03, que tiene planillas de jornales, que es el 031, a los promotores sociales 034 y a las comadronas en el 036. Nos fuimos más allá, pues incluimos a todos los proveedores individuales que tienen un contrato con el Estado y que están por productos. También se toma en cuenta a las personas que reciben dietas y fueron incluidos los ad honorem. Ese espectro es bastante grande.
El objetivo es recopilar toda esa información que según, el acuerdo, debe ayudar a fortalecer el sistema informático de administración de recursos humanos que actualmente ya funciona y que fue aprobado mediante el Acuerdo Gubernativo 297-2015 y que entró a funcionar el 16 de enero de 2016. Este es un sistema de gestión que fue desarrollado con el propósito de transparentar y agilizar los trámites que se dan a nivel de recursos humanos en el Estado. Está diseñado solo para relación de dependencia. Para poder fortalecer y tener la información y la base de datos de todos los renglones, se están haciendo aplicaciones para tener un control de esos contratos que también ocasionan costos de recursos humanos para el Estado.
¿En qué fase se encuentra el censo?
El censo fue ordenado por el Acuerdo Gubernativo 180-2016 el 21 de septiembre de ese año. La Comisión Coordinadora fue conformada en enero de 2017 y comenzó a hacer su proceso de planificación y desarrollo metodológico. Eso nos llevó unos 5 o 6 meses. Formar un censo es una cuestión bastante compleja. Allí se desarrolla toda la parte metodológica, la boleta, los manuales e hicimos la prueba piloto que sirve para probar toda la parte logística, metodológica y organizativa de un censo. Eso se realizó en junio de 2017 en Santa Cruz Verapaz (Alta Verapaz) y San Manuel Chaparrón (Jalapa).
La primera fase se realizó de julio a noviembre de 2017 en siete departamentos del oriente del país que son: El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Izabal, Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa. Lo hicimos allí porque para hacer un censo se requiere tener la cartografía al día y el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) estaba en ese proceso para el censo de población, así que la cartografía en el oriente estaba actualizada.
La segunda fase comenzará en marzo de 2018 porque como estamos incluyendo a las personas que laboran por contrato que se concretan entre enero y febrero. La tenemos programada de marzo a julio de 2018.
Nosotros esperamos concluir en julio, procesar todos los datos y dar los resultados a finales de septiembre. o a principios de octubre. Lo hacemos así para cumplir con el Acuerdo y porque es un censo muy importante para el país porque permitirá la generación de políticas públicas sobre la base de aspectos muy concretos. Por ejemplo, acá se puede sacar la relación de la cantidad de población contra los servidores que tiene determinado ministerio, cuántos maestros hay en función de la cantidad de personas que existen en un municipio.
¿Qué importancia tiene el censo en materia de transparencia?
Tiene como principal importancia la verificación de los servidores que están trabajando. Uno de sus objetivos es transparentar el gasto, pues permitirá saber quiénes somos, dónde estamos y cuántos costamos. La idea es levantar la información en el lugar donde trabajan los empleados mediante una boleta electrónica utilizando tablet. Luego esa información va a fortalecer un sistema que ya existe que se llama “SER H”, que fue aprobado por el Acuerdo Gubernativo 297-2015 y entró en funcionamiento el 16 de enero de 2016, cuando asumió el presidente Jimmy Morales. Se le explicó qué era y él dio la orden de implementarlo porque es un sistema que busca transparentar todo lo que es la gestión de recursos humanos.
Actualmente funciona el módulo de gestión de empleo, en el cual para que una persona opte a un puesto de renglones de relación laboral, ingresa su información en una aplicación que se llama CV en Línea y esa aplicación le permite, después de pasar los filtros necesarios, acceder a una aplicación que se llama Convocatoria. Allí puede seleccionar la plaza a la que desea optar. Si llena los requisitos, entra al proceso. Las convocatorias tienen un tiempo de acuerdo a la ley. Durante ese tiempo cualquiera puede optar. Eso permitirá cumplir lo que dice la Constitución referente a que todos los guatemaltecos tenemos derecho a optar a los puestos públicos.
Estamos trabajando para dejar todo automatizado para trabajar con Guatenómina y Onsec (Oficina Nacional de Servicio Civil) da el visto bueno siempre y cuando la persona haya cumplido con todo el proceso. Queremos cumplir con varios compromisos que tiene el país. Una es que Guatemala suscribió la carta de Gobierno Abierto y esta es una forma de hacerlo. La otra es la Carta Iberoamericana de la Función Pública, con eso cumplimos con este tema y finalmente el Gobierno Electrónico para evitarnos tanto papel y trabajar vía aplicaciones informáticas. Vamos caminando en esa orientación.
Otro objetivo es fortalecer ese sistema y luego darle la sostenibilidad. Eso se logrará cuando todos se registren en el sistema. Si lo hacen ya no necesitará hacer un censo nuevamente. Para hacer verificaciones solo se deberán hacer encuestas.
Al principio se dijo que las primeras instituciones censadas serían Salud y Educación. ¿Cómo se ha avanzado?
Inicialmente se tenían varias formas de verlo, pero cuando hicimos las evaluaciones nos dimos cuenta de que si nos íbamos por el lado institucional, el censo se encarecía. Si hubiéramos empezado primero en el Ministerio de Salud, habríamos ido a los departamentos y luego teníamos que regresar por cada institución que hubiera. Esto provocó un cambio de la estrategia para que fuera geográfico así que contratamos empadronadores que iban a todas las instituciones de un departamento, considerando un marco censal, que es la cantidad de personas, quiénes son y dónde están en cada lugar.
Se había dicho que iban hacer una publicación de la nómina de personal permanente en las entidades de gobierno central. ¿En qué entidades se está cumpliendo?
Ese no es tanto un dato censal. Eso ya es la Ley de Acceso a la Información Pública. Las instituciones están obligadas a hacer este tipo de publicaciones en su página web. Tengo entendido que casi en el 100% de las instituciones lo hacen. Este censo va más allá porque es laboral. No solo se limita a ver quién es la persona y cuánto gana, sino que tiene información del historial laboral de la persona y de algunos aspectos meramente de trabajo. Por ejemplo, su nivel educativo y experiencia.
¿Cuál es el apoyo técnico y financiero que han obtenido de cooperación internacional?
Hasta el momento no hemos obtenido ningún apoyo. Lo hemos hecho con fondos de Gobierno. La Comisión Coordinadora trabaja ad honorem, no devengamos sueldo ni manejamos ningún fondo. Los fondos que se utilizaron en la primera fase fueron administrados totalmente por el INE. La comisión solo viabiliza y coordina la interacción entre las dos instituciones ejecutores: El INE y la Onsec.
¿Cuál fue el costo de la primera fase?
Fue de aproximadamente 4,8 millones de quetzales y se hizo con fondos del Estado, del INE.
¿Cuántos se tiene contemplado invertir en la segunda fase?
Los 15 departamentos restantes tienen un costo aproximado de 25 millones de quetzales. Los costos son muy diferentes por muchas razones. Uno es los trasladados, no es lo mismo ir a un lugar que es accesible, como ir a otros. Se consideran aspectos como transporte. A algunos lugares no se llega utilizando transporte terrestre sino marítimo. Adicionalmente, en este presupuesto ya está considerada la divulgación de los resultados.
Faltan 15 departamentos y hay poco tiempo, ¿se puede cumplir con el objetivo de terminar el censo este año?
Claro, porque esta segunda fase la vamos a hacer de una forma más intensiva. Ahora la haremos en verano y en varios lugares de manera simultánea. Esa será la estrategia. Ya tenemos una lección aprendida y esto nos permitirá saber cómo podemos trabajar en los departamentos que restan.
¿Esos 25 millones que se usarán en la segunda fase ya serán de los fondos que ofreció la Unión Europea?
La UE dio una donación de 5,5 millones de euros, pero no es solo para censo, hay que dejarlo claro. La UE dio un aporte para un proyecto de fortalecimiento de la gestión del recurso humano en Guatemala y ese proyecto tiene tres componentes. Uno es el censo, el otro es uno relacionado con sistemas y otro con el fortalecimiento institucional. Esa distribución de los fondos deja solo una cantidad para censo, son unos 37 millones de quetzales, porque el tipo de cambio ya no es igual ahora. Se tienen que distribuir con los otros rubros.
La UE había planteado que el censo se realizara con organizaciones fuera del INE y que esta institución las coordinara. Empezamos a establecer cómo podíamos cumplir la ley del INE por el tema de la confidencialidad si un tercero es quien lo hace. Luego seguimos en la parte de negociación y ahora estamos en el punto que se ha logrado que ambas partes estén de acuerdo, porque el Banco Mundial tiene sus reglas para poder administrar los fondos porque a la hora de dar los fondos, la UE se constituyó como ejecutora del proyecto.
Sería ideal hacerlo con fondos de ellos, pero tenemos una fecha crítica. Si llega esa fecha y los fondos no han salido, vamos a gestionar para continuar con fondos del Gobierno. Cuando se pueda trabajar con el Banco Mundial podremos financiarlo con esos fondos internacionales.
