TGW DIGITAL | El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval afirmó que el problema dentro del Ministerio Público no se limitó a la figura de Consuelo Porras, sino a una estructura interna de lealtades que permitió consolidar el control institucional.
Señaló que funcionarios como Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso se convirtieron en rostros visibles de esa etapa, utilizando la FECI para impulsar investigaciones contra jueces, periodistas, exfiscales y actores anticorrupción.
Según Sandoval, muchos funcionarios actuaron motivados por incentivos institucionales, ascensos, protección interna o temor.
Aseguró que el impacto fue profundo dentro del Ministerio Público, ya que alrededor de 500 trabajadores salieron de la institución sin procedimientos administrativos.
A su criterio, esto provocó no solo un daño político, sino también técnico y operativo, debilitando las capacidades investigativas de la fiscalía.
Sobre los cambios observados tras su salida de la FECI, explicó que el MP orientó sus acciones hacia el blindaje de actores señalados en casos de corrupción y, paralelamente, hacia la persecución de quienes investigaron esos casos.
Consideró que esa etapa representó un ataque directo contra el sistema de justicia como uno de los pilares de la democracia.
Añadió que posteriormente el foco se dirigió contra la prensa independiente y la libertad de expresión, debido a que los medios continuaban documentando lo que ocurría dentro del sistema judicial y en el ámbito público.
En relación con el futuro de Consuelo Porras y sus operadores, Sandoval aclaró que quien perdería inmunidad sería únicamente la fiscal general, ya que otros funcionarios no cuentan con ese privilegio.
Consideró que, al perder protección política e institucional, podrían incrementarse las presiones nacionales e internacionales para revisar decisiones, investigar posibles abusos de poder y actuaciones arbitrarias.
Sandoval afirmó que el futuro de los operadores cercanos a Porras dependerá de las decisiones que adopte el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna.
Según dijo, si existe voluntad de reconstruir la institución, será necesario revisar actuaciones cuestionadas, casos de criminalización y posibles abusos cometidos desde determinadas fiscalías.
Añadió que el nuevo fiscal general tendrá el reto de reconstruir la confianza ciudadana y recuperar las capacidades técnicas del Ministerio Público.