Implementar la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas, que contempla reglamentar la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es una prioridad para el Gobierno de Guatemala.
La ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, reiteró el compromiso de su cartera de brindar asesoría a los diputados del Congreso luego de que el parlamentario Oliverio García presentó una iniciativa de ley el pasado 1 de marzo.
“El Organismo Ejecutivo está comprometido en dar seguimiento y asesoría a los señores diputados porque son varias fases: la elaboración de la ley, la socialización de la misma a través de una metodología participativa para que no tenga ninguna inconstitucionalidad y su implementación”, dijo a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).
Afirmó que “es un trabajo bastante amplio porque el Congreso debe aprobar la ley y enviarla al Ejecutivo para su implementación. El señor presidente Jimmy Morales la tiene contemplada como una de sus prioridades por las razones ya mencionadas”, dijo.
La iniciativa se basa en la Guía Operativa para la Implementación de la Consulta a Pueblos Indígenas que presentó el Ministerio de Trabajo el año pasado. Ese documento establece que se deben hacer consultas a los pueblos originarios en proyectos relacionados con el medio ambiente, hidroeléctricas y extracción de minerales, entre otros.
Reglas claras
Al cuestionarle sobre si la Ley de Consulta busca establecer reglas claras y evitar conflictos entre el sector privado y pobladores, Teleguario recordó que el Convenio 169 de la OIT ya contiene esa normativa.
“La ley reglamentará la aplicación del Convenio 169 porque, a pesar de ser extenso, deja abiertos algunos temas. Por ejemplo, debe estipular cuánto tiempo se tiene para realizar una consulta porque no podemos dejar un plazo abierto”, explicó.
“Esta ley, además de la buena fe, debe tener un principio básico, que es la flexibilidad, por el contexto de nuestro país. Las consultas se deben adaptar a cada comunidad porque no es lo mismo una comunidad xinca, garífuna o maya. Tampoco es lo mismo consultar a una comunidad maya en Sololá o una en Quetzaltenango”, manifestó.
Desarrollo económico
Teleguario destacó que si el Congreso decide aprobar la Ley de Consulta, es importante tener un lapso de tres o cuatro meses para socializarla. Añadió que el Ejecutivo busca un equilibrio entre el desarrollo económico y la prosperidad de las comunidades.
“Invito a los diferentes sectores a apostarle al dialogo constructivo, participativo, serio, dejando a un lado las diferencias y circunstancias que nos dividen, juntando los esfuerzos hacia un Estado más incluyente y participativo en el que todos vivamos en condiciones dignas. Este es el momento de construir una ley que vaya en beneficio de la población en general”, expresó.
En junio del año pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución en la cual señala que el Congreso tiene un plazo de 12 meses para promulgar una ley de consultas comunitarias. El plazo vencerá dentro de tres meses.