La iniciativa de Ley de Insolvencia, que busca ayudar a personas individuales o empresas que no pudieron cumplir con sus obligaciones financieras y corren riesgo de ser embargados o desalojados de sus propiedades, fue presentada al Congreso de la República.
Lo anterior, para lograr una reestructuración de la deuda o de la empresa pues la ley busca la reorganización y una solución que favorezca tanto a deudores como a los acreedores.
La normativa estable un juicio oral para determinar las deudas y activos que la persona o empresa tengan y decidir entre una reorganización, o bien, una liquidación.
Estarían afectos a la regulación desde una persona individual que enfrenta insolvencia por falta de pago, como un tarjetahabiente de tarjeta de crédito, así como cualquier empresa que presente problemas financieros que considere cerrar sus puertas por la misma situación. Se exceptúan las instituciones bancarias y financieras regidas por la supervisión de la Superintendencia de Bancos –SIB–.
Es importante resaltar que actualmente en Guatemala, de cada préstamo que se le otorga a una persona que entra en un estado de insolvencia, se recupera menos de 30 centavos por cada Q1 y uno de los objetivos de la normativa es aumentar esa tasa de recuperación.
De acuerdo con el Ministro de Economía, Acisclo Valladares, la norma permitirá a personas y empresas conservar su actividad habitual y proteger el empleo y la riqueza que generan para Guatemala.
“La ley nos ayudará a impactar positivamente en indicadores como el Doing Business y además, atraerá inversión puesto que también considera la regulación de la insolvencia transfronteriza”, afirmó el ministro Valladares.
Como parte del seguimiento al Doing Business el Mineco brindó asesoría técnica para la elaboración de la iniciativa citada.