El uso intensivo de redes sociales, la participación de influencers y la propagación de desinformación representan nuevos desafíos para el próximo proceso electoral en Guatemala. Al respecto, el politólogo y analista Renzo Rosal advierte que la legislación vigente es insuficiente frente a los avances tecnológicos, por lo que considera indispensable fortalecer la fiscalización de la actividad política en plataformas digitales.
Rosal explicó que estas redes han transformado la estrategia de comunicación partidaria al permitir una difusión más inmediata de las propuestas. Sin embargo, señaló que también facilitan la circulación de narrativas falsas y contenidos manipulados mediante inteligencia artificial.
Asimismo, anticipó que las elecciones de 2027 se desarrollarán en un escenario inédito respecto a procesos anteriores, debido al impacto directo de la inteligencia artificial y al uso protagónico de plataformas como TikTok en las campañas.
Otro punto crítico es la participación de creadores de contenido e influencers en la promoción de candidaturas. El analista indicó que diversos partidos ya recurren a sus servicios para posicionar mensajes y captar audiencias.
En ese sentido, expresó su inquietud ante la posibilidad de que se intente incluir a los influencers dentro del régimen de medios de comunicación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Si bien aclaró no tener certeza de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) considere esta medida, advirtió que resultaría complejo auditar sus contenidos, verificar contrataciones partidarias y determinar quiénes actúan de forma independiente.
Respecto a la regulación digital, Rosal señaló que el TSE enfrentará una fuerte resistencia por parte de partidos, candidatos e influencers, quienes podrían oponerse a los controles apelando al derecho a la información y la libertad de expresión.
Por otro lado, advirtió que la ciudadanía estará expuesta a una sobrecarga informativa ante la participación de más de 30 partidos y alrededor de 40 mil candidatos, lo que dificultará a los electores distinguir entre información verificada y propaganda manipulada.
En cuanto al rol del Ministerio Público (MP), el entrevistado enfatizó que la Fiscalía de Delitos Electorales debe prepararse para investigar ilícitos digitales, como la difusión de mensajes ilegales y la difamación. También remarcó la importancia de rastrear el origen de estas publicaciones y transparentar los fondos utilizados para financiar el marketing político en redes.
Para ello, explicó que se requiere un trabajo interinstitucional articulado entre el TSE, el MP, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y la Superintendencia de Bancos (SIB), entidades que cuentan con los mecanismos para rastrear flujos financieros e investigar irregularidades.
Finalmente, Rosal reiteró que la normativa electoral guatemalteca demanda una actualización urgente, pues sus disposiciones apenas rozan el fenómeno digital. Más allá de prohibiciones, concluyó que la prioridad debe ser consolidar herramientas efectivas para fiscalizar el uso de plataformas por parte de partidos, candidatos y simpatizantes, en especial cuando son empleadas para desinformar.
