Fortalecer la seguridad fronteriza y gestión de riesgo serán las principales funciones que realizarán cientos de soldados que prestaron servicio militar durante 18 años en apoyo a la seguridad ciudadana en Guatemala, como parte del proceso de desmovilización y reinserción incluido en los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz de 1996.
“Se empezará la desmovilización y reinserción de los 3.500 soldados que prestaron apoyo en la seguridad ciudadana desde hace 18 años, a quienes el Ejército les cancelará todas sus prestaciones y los asignará a batallones militares o conseguirá ofertas de trabajo en empresas privadas y gubernamentales”, indicó el portavoz del Ministerio de la Defensa, OscarPérez.
Esta reasignación incluirá la creación de un Batallón Estratégico Multimisión, el cual prestará servicios de seguridad en fronteras, participación en operaciones de paz, alerta en la gestión de desastres, así como misiones secundarias, de acuerdo a la planificación estratégica del Ministerio de la Defensa Nacional.
“Queda por definirse el número de soldados que conformarán esta única brigada multimisión, la cual estará integrada por una cantidad determinada, de los nueve batallones estratégicos que servían en seguridad ciudadana”, expresó.
El vocero del Ejército reiteró que “ningún soldado” que brindó servicio durante estos 18 años quedará sin el pago de sus prestaciones y sin empleo.
Los fondos para este pago fueron anunciados por el ministro de la Defensa Nacional, Luis Miguel Ralda, el pasado 2 de mayo, quien informó sobre un incremento presupuestario de 101 millones de quetzales a dicha cartera para el pago de salarios de los integrantes de los batallones estratégicos de reservas.
De conformidad con los Acuerdos de Paz, firmados el 29 de diciembre de 1996, se contempló la reducción del Ejército, acción que fue cumplida por el gobierno del presidente JimmyMorales, el pasado 31 de marzo con el retiro total de las fuerzas castrenses de las calles.
Este retiro se realizó de forma periódica desde el año pasado, luego de la decisión del Consejo Nacional de Seguridad, que determinó que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) “ya adquirieron las capacidades para servir de mejor manera a la sociedad guatemalteca”.
La Policía Nacional Civil, creada tras los Acuerdos de Paz firmados en 1996 y con los que se puso fin a 36 años de conflicto armado interno, es la encargada de la seguridad ciudadana con casi 40.000 agentes al servicio de los guatemaltecos.
Más de 7.000 de ellos se agregaron a las filas de la institución durante el gobierno del presidente Morales, quien asumió el poder el 14 de enero de 2016 para un período de cuatro años.
El apoyo
En total eran nueve escuadrones militares integrados por 5.600 soldados, pero en una fase anterior, en abril del 2017, se retiró un porcentaje de los uniformados y en marzo pasado salieron de las calles 3.500 elementos de las fuerzas castrenses.
El Ejército daba acompañamiento a la PNC en 30 municipios (de 340 que tiene Guatemala) en los que se registraba mayor incidencia criminal, entre estos, la capital guatemalteca, Villa Nueva, Mixco, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez, Chinautla, Amatitlán y Santa Catarina Pinula.
Antes del retiro completo, las fuerzas castrenses daban apoyo a la Policía en seis municipios del departamento sureño de Escuintla y cinco de Izabal. En Chiquimula y Petén habían sido destacados batallones en 11 municipios.
Después del retiro de las calles, los militares regresaron a las brigadas que resguardan las fronteras, el patrimonio cultural y natural del país centroamericano.
En la actualidad, Guatemala tiene coordinación interinstitucional con El Salvador, Honduras y México, por medio de las fuerzas de tarea del ejército de cada país, y con Belice realiza patrullajes en la zona de adyacencia.