Es necesaria una ampliación presupuestaria para atender necesidades sociales y de infraestructura, asegura el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la declaración que describe las conclusiones preliminares del personal técnico que visitó recientemente Guatemala para hacer una avaluación.
De acuerdo con el FMI, “se necesita una ampliación presupuestaria para afianzar el crecimiento a corto plazo y remediar déficits de infraestructura y necesidades sociales esenciales”.
Luego expone que tras la negativa del Congreso de la República de aprobar el presupuesto de la nación para el 2018 “la capacidad del Gobierno para ampliar significativamente su gasto es limitada”. En tal sentido propone que este se amplíe en 0,5 por ciento respecto al Producto Interno Bruto (PIB) para 2018.
También señala que a partir de 2019, el gasto debería aumentarse en aproximadamente un 1 por ciento del PIB, enfocándose en programas emblemáticos y de alto impacto, dirigidos a aliviar las necesidades sociales y de infraestructura más esenciales”.
En el mediano plazo, según la conclusiones preliminares del FMI, el “mayor gasto debería estar financiado con ingresos fiscales más elevados, facilitados por una reforma tributaria integral”.
Transparencia y lucha contra la corrupción
La entidad financiera internacional considera que se deben redoblar los esfuerzos para mejorar la ejecución del gasto. En tal sentido subraya que “las reformas de la Ley de Contrataciones del Estado, adoptadas durante los dos últimos años, han facilitado una supervisión más estricta del gasto público y contribuido a luchar contra la corrupción”.
Sin embargo, considera que “un efecto colateral de esos nuevos controles es una ejecución más lenta del gasto, pues los funcionarios públicos se muestran renuentes a la aprobación de proyectos ante la posibilidad de ser objeto de procesos judiciales, y la falta de coherencia, en ocasiones, de los criterios de auditoría utilizados para la evaluación de licitaciones públicas”.
La misión de expertos del FMI sugiere que se debería hacer una reforma a la Contraloría General de Cuentas “a fin de desarrollar sus capacidades preventivas y de auditoría concurrente, una interpretación consensuada de las normas aplicadas al régimen de compras públicas, y la aplicación de criterios unificados que protejan a los funcionarios públicos de las decisiones potencialmente arbitrarias tomadas por la auditoría”.
Por último, resalta que “es prometedora la creación de un Viceministerio de Transparencia y Contrataciones —aunado, a mediano plazo, a una nueva Ley de Contrataciones del Estado— con el objetivo de coordinar y supervisar las múltiples entidades descentralizadas que realizan compras estatales. El marco revisado favorecería el diseño de una estrategia nacional de inversiones que podría incluirse como insumo en un presupuesto multianual de inversiones”.